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Principio de confianza en el tipo culposo (Junio 2010)

Marco de análisis: Gallo, Patricia; Criterios de aplicación y excepciones al principio de confianza en el tráfico automotor, en Ziffer, Patricia (Dir.) “Jurisprudencia de Casación Penal. Análisis de Fallos”, vol. 1, Hammurabi, Buenos Aires, 2009.
Ponentes: María Lucrecia Ferrara y Pamela B. Jolía Cabezas.

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Principio de confianza en el tipo culposo


Marco de análisis: Gallo, Patricia; Criterios de aplicación y excepciones al principio de confianza en el tráfico automotor, en Ziffer, Patricia (Dir.) “Jurisprudencia de Casación Penal. Análisis de Fallos”, vol. 1, Hammurabi, Buenos Aires, 2009.

Ponentes: María Lucrecia Ferrara y Pamela B. Jolía Cabezas.


§1.- Introducción.

En el presente trabajo se analizará la utilización del principio de confianza en el tráfico automotor y las condiciones en las que operan las limitaciones a la permisión de confiar en el comportamiento adecuado de los demás (Límites a la libertad de obrar de los conductores)-

En el fallo Fernández, la Cámara de Casación aplica el principio de confianza, en contradicción con la autora del texto que analizaremos, quien considera que se configura una excepción al mencionado principio.


§2.- Los hechos.

El hecho consistió  en que Fernández conducía su automóvil por la calle Mariano Acosta, cuando al llegar al pasaje conocido como “Calle A” se encontró con un camión de gran porte que, transponiendo ese pasaje, invadía la línea peatonal. Al mismo tiempo, sobre las vías del tranvía “Premetro”, que corren por un boulevard central de Mariano Acosta, llegaba una formación a la parada ubicada en el extremo de la citada línea peatonal, donde su arribo era esperado por un grupo de personas, entre ellos escolares. Cuando el imputado transponía la Calle A por el carril izquierdo, pasando junto al camión, la niña E.L.M., que había esperado la habilitación del cruce peatonal, pero que tenía obstaculizado el paso de la senda por el camión, al ver la llegada de la formación intentó cruzar velozmente por delante de la senda peatonal y fue embestida por el auto de Fernández, falleciendo a consecuencia de las lesiones sufridas. Fernández fue condenado por el delito de homicidio culposo.

El tribunal hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa y casó  la sentencia por considerar que se efectuó una errónea aplicación de la ley, por cuanto Fernández no actuó con imprudencia en los términos del art. 84 del CP, absolviendo al nombrado de culpa y cargo.

Las posiciones de los jueces ante el caso planteado son las siguientes:

“No era previsible que el conductor se representara la conducta imprudente de un sujeto al que no veía. (voto de la Dra. Ledesma)
No corresponde compelerlo a Fernández a que tome precauciones especiales para el caso de una eventual infracción de un transeúnte. (voto del Dr. Tragant)
Fernández se desplazaba dentro del riesgo permitido. (voto de la Dra. Ledesma)
Críticas y opinión de la autora:

La previsión consiste en adelantarse a lo que no se puede ver. Fernández justamente debió prever (el suceso) porque no podía verlo. El orden correcto de las premisas del razonamiento no consiste en que el suceso ocurrido “no pudo preverlo porque no podía verlo” sino que por el contrario, “como no podía verlo, debió preverlo”, y había indicios que lo mostraban como posible.
No surge claramente del relato de los hechos si Fernández pudo advertir la presencia de escolares sobre el lado del que salió la víctima, a raíz de que el camión obstaculizaba la visión. Sin embargo, aún el la hipótesis de que no los haya podido ver, resulta correcto el razonamiento del fiscal de la causa en el sentido de que la concurrencia de menores en el lado izquierdo de la parada del premetro hacía previsible que por el lado derecho cruzara algún niño.
 

§3.- Previsibilidad.

El núcleo del tipo subjetivo imprudente puede comprenderse como “cognoscibilidad de la posibilidad de realización típica”.

Para que haya un riesgo típicamente relevante es necesario que, ex ante, sea previsible el resultado, según un cálculo de previsibilidad.

Para la calificación de un hecho como imprudente es necesario el desconocimiento de la víctima de la efectiva situación de peligro, pero además se exige que ese desconocimiento sea imputable al sujeto, junto con la cognoscibilidad, ha de existir un deber de evitar ese desconocimiento. Este deber es el deber jurídico de cuidado y su infracción determina la realización del tipo subjetivo imprudente.

La atribución del desconocimiento – la concreta peligrosidad de la realización típica – se condiciona a que el sujeto pueda – y tenga – que evitar dicho desconocimiento, en cuyo caso habrá infringido el deber subjetivo de cuidado-

Decidir sobre la exigibilidad del conocimiento equivale a pronunciarse sobre la vencibilidad o invencibilidad del error y afirmar la vencibilidad del error significa afirmar la existencia de la infracción de la norma de cuidado.

La previsibilidad como elemento del juicio de peligro pertenece al primer nivel de imputación, o sea, se trata de un elemento del injusto típico. 


§4.- Libertad de obrar vs. conservación de bienes.

El tribunal ha manifestado que no corresponde exigir al conductor precauciones especiales frente a una infracción del transeúnte, que la víctima realizó una conducta antirreglamentaria y que la conducta del autor se hallaba dentro del riesgo permitido por cuanto éste cumplió con las reglas de tránsito aplicables.

De este modo se plantea una situación que atenta contra el delicado equilibrio entre dos intereses: el de obrar libremente y el de conservar bienes.

Luce contradictorio según Gallo que a pesar de observar reglas del ideal de convivencia, se produzcan menoscabos a los bienes por la conducta indebida de otros.

La posibilidad de que aún cumpliendo las reglas puede llegarse a perjudicar los bienes de la víctima, por un desvío de las reglas por parte de ésta, ¿crea un riego desaprobado?, ¿es un motivo legítimo para limitar la libertad de los otros?


§5.- Riesgo permitido.

Según la opinión del tribunal, el riesgo permitido es equiparable al cumplimiento de las normas generales del tránsito vehicular.

Para la autora, ese razonamiento tergiversa la función de tales reglamentaciones e impide un adecuado proceso de determinación de la desaprobación del riesgo: de la mera observancia de las normas de tránsito no se deriva automáticamente el carácter diligente de la conducta, sino que constituye un indicio al respecto.

La determinación de un riesgo como desaprobado no depende de una consideración genérica de la actividad generadora de peligros, sino que el objeto de valoración debe ser una conducta en particular y la situación concreta en que el autor se encontraba en el momento de producir el riesgo.

Las reglas técnicas y medidas de cuidados generales son sólo generalizaciones abstractas de procesos individuales y dan solamente de puntos de apoyo para el cuidado considerado materialmente como debido en un determinado círculo de actividades.

El contenido de la acción adecuada al ámbito de relación en el caso concreto no se puede derivar de reglas generales de experiencia sino del siguiente principio metodológico plasmado por Welzel: qué acción habría efectuado un hombre razonable y prudente en lugar del autor.

Que el Derecho Penal permita que los ciudadanos puedan realizar conductas peligrosas hace que resulte legitima la exigencia de unas determinadas prestaciones bastante estandarizadas. Se asume la realización de conductas que acarrean una peligrosidad abstracta o estadística, a cambio de que se cumplan determinadas medidas o reglas de seguridad o o deberes del tráfico, que el ordenamiento considera convenientes para controlar riesgos.

El Estado interviene en ciertos ámbitos peligrosos buscando una estandarización mínima de las conductas, como primera medida de prevención.

En la medida que el ordenamiento permite conductas que puedan afectar bienes jurídicos ajenas, exige un mayor deber de cuidado respecto de éstos. Lo que sucede es que en este caso no hay que evitar que un riesgo se concrete en un resultado, sino controlar un peligro abstracto para que no se convierte en un peligro concreto.

Sin embargo esas reglas de seguridad para “situaciones estándar” solo sirven para dichos casos, pero no cuando se conocen datos objetivos de que la situación es más peligrosa de lo normal (situación crítica). Quienes en tales situaciones solo tienen los cuidados ordinarios, habrán quedado indudablemente por debajo de las exigencias del deber de cuidado exigible en el tráfico. Por el contrario, si una persona respeta las reglas generales de cuidado y no estaba a su alcance el conocimiento de especiales factores de riesgo, la conducta es atípica -está dentro del riesgo permitido-.

Una manera general de formularlo sería la siguiente: quien conduce un coche de modo que, en caso de una situación crítica, carece de la capacidad de evitar lesiones para terceros, crea desaprobadamente un riesgo.

En el caso analizado, incluso respetando las reglas de reducción de peligro formuladas para el tránsito vial, debido a las peculiaridades del caso -presencia de niños esperando el tren- la acción entrañaba cognosciblemente un riesgo que sobrepasaba el riesgo básico tolerado. Según Gallo, el tribunal debió analizar el riesgo remanente, luego de constatar el cumplimiento de las normas generales que sirven para evitar la peligrosidad abstracta en las situaciones abstractas. Descartada la existencia de una situación normal, se debe considerar la presencia de una situación crítica, que es donde se presenta la necesidad de una segunda restricción a la libertad de obrar, que dependerá de las circunstancias del caso y por lo que no se la puede generalizar a priori en una norma reglamentaria.

Cuando el riesgo creado por la víctima es cognoscible por el sujeto, influye en la determinación del deber objetivo de cuidado dela autor.


§6.- Principio de confianza.

Este principio, de creación jurisprudencial, viene a avalar precisamente la idea de que de la observancia de reglas de comportamiento establecidas no se deriva inexorablemente la corrección del comportamiento. Según su formulación, cualquier persona que participe en una actividad peligrosa -en el caso analizado, el tráfico rodado- puede confiar que los demás actuarán diligentemente, a no ser que existan indicios que hagan prever lo contrario.

Un individuo no necesita amoldar su conducta para neutralizar la imprudencia ajena, a no ser que exista un indicio que haga previsible la conducta incorrecta, esto significa que debe exigirse la reducción del ámbito de libertad del autor para evitar el menoscabo de bienes de la víctima.

Solo en casos excepcionales puede producirse una desaprobación de conductas ajustadas a las reglas para proteger los bienes de otros y ello está asociado a las limitaciones del principio de confianza.


§7.- Limitaciones al principio de confianza.

Una clara excepción a la permisión de confiar se configura cuando el otro no es capaz de evitar aquellos peligros que existen para sus bienes, aún cuando los demás observen las reglas (incapaces, minusválidos y menores).

En este contexto, la mera observancia de la regla no basta para mantener el equilibrio adecuado entre los intereses de obrar libremente y de conservar bienes, sino que se requiere cierta merma de la libertad de acción.

Por eso se considera que en estos casos debe regir el llamado principio de defensa o seguridad, según el cual el interviniente en el tráfico queda obligado a prevenir el defectuoso comportamiento de los demás, en el caso de niños, ancianos y minusválidos en la circulación urbana, debiendo tenerse en cuenta su presunta inconciencia e impulsividad, por lo que ha de contarse con un impensado proceder contra las normas de tráfico.

El hecho de que el otro revista el carácter de ser una persona responsable es lo que justifica la expectativa de que vaya a actuar conforme su responsabilidad, cumpliendo con sus deberes de cuidado.

Conforme el principio de defensa, únicamente cuando sea cognoscible para el autor que la posible víctima es un niño o un anciano, se le puede exigir preveer reacciones imprevistas.

La autora se pregunta cuáles son los límites de la cognoscibilidad que desencadena el deber del conductor de proceder mediante precauciones especiales, y manifiesta que la restricción del permiso de confiar no solo rige cuando el conductor se percata de la especial configuración de la víctima sino también cuando, según las circunstancias, en cualquier momento cabe esperar encontrarse con tales personas, dando como ejemplos conducir en cercanías de colegios hogares de ancianos, juegos infantiles, etc.

Para Gallo resulta claro que en el caso en cuestión debió regir el principio de defensa y no la permisión de confiar. Sin embargo, los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación Penal sostienen lo contrario, empleando el principio de confianza en la determinación del deber de cuidado.

El texto analizado hace referencia a dos niveles en el proceso de determinación del deber de cuidado: el primero se refiere al cumplimiento de las reglas generales que sirven para evitar la peligrosidad abstracta; el segundo implica un examen de la situación particular. Es en esta última etapa donde opera el principio de confianza como criterio de selección de conductas peligrosas de terceros que deben ser abarcadas por el deber de cuidado exigido al autor. Es por eso que el cumplimiento de las reglas generales no permite per se invocar este principio en cualquier caso, como entiende el tribunal, ya que eso equivale a equiparar según la autora a ambos niveles, es decir, a convertir al principio de confianza en una regla abstracta más, desvirtuando su función.

La incapacidad de la víctima para cumplir con las normas estandarizadas inclina la balanza aumentando la responsabilidad del conductor con exigencias de deberes especiales, lo que se traduce en la imposibilidad de aplicar el principio de autorresponsabilidad.

Si se entiende a la cognoscibilidad como “ignoracia vencible de la situación de peligro”, el deber de evitar ese desconocimiento es precisamente el deber subjetivo de cuidado, por lo tanto, podría redefinirse a la cognoscibilidad como “exigibilidad del conocimiento de peligro”.

El sujeto solo deberá tomar en consideración aquellos riesgos que tenía el deber de conocer.


§8.- Posición de garante del conductor.

El sistema penal está edificado sobre la existencia de ámbitos de competencia, de manera que a cada persona solo se le pueden exigir aquellas actuaciones que en desarrollo de su posición de garante tenía obligación de desplegar.

La autora expresa que si se quiere exponer gráficamente cómo se deben determinar las obligaciones de cada persona, se debe responder a tres interrogantes:

Qué debe saber cada individuo,
Qué sabe efectivamente,
Y qué debe hacerse sobre la base de lo que ya sabe.
Se podría reformular el principio de confianza diciendo que se trata de los casos en que alguien es garante de la evitación de un curso de daño, pero dicho curso no se le tornará nocivo si todos los intervinientes se comportan correctamente.

No es el simplemente el conocimiento de la incorrección de las conductas ajenas lo que establece la limitación al principio de confianza y la necesidad de acomodar la propia conducta a las nuevas circunstancias, sino que se requiere además que quien de ello se percata sea competente para evitar el daño.

El principio de confianza, como manifestación del riesgo permitido, termina cuando a una persona en determinadas circunstancias le es exigida una específica forma de comportamiento. La limitación del principio de confianza se deriva de la posición de garante del autor.

Sobre quien conduce un automotor recae el compromiso de proteger la vida de los peatones, de los riesgos que del desarrollo de esa actividad se deriven. Sin embargo, esta posición de garante no excluye de modo absoluto la posibilidad de que la actividad arriesgada de quien es capaz de adaptarse al esquema de coordinación se pueda imputar al que se coloca a sí mismo en peligro. Al conductor no se le puede exigir un deber de vigilancia respecto de cualquier conducta temeraria del peatón. Su obligación termina en el momento en que ese comportamiento ha sido elegido y asumido deliberadamente por el transeúnte, configurando una actividad generadora de riesgo contra él mismo, olvidando los deberes de autoprotección.


§9.- Conclusión.

Tras el análisis del Fallo Fernández y teniendo en cuenta las críticas formuladas por Patricia Gallo en relación a las opiniones del Tribunal de Casación, concluimos en que es central y fundamental analizar cada caso en concreto; teniendo en cuenta las circunstancias en que el hecho se produce con especial atención a la condición de la víctima (en este caso una menor).

Coincidiendo con la autora, creemos que existe una clara contradicción semántica en el primer argumento esgrimido por la Dra. Ledesma en cuanto dice que “no era previsible…que el conductor se representara que…una menor a la que no podía ver cruzara la arteria por delante de un camión que estaba estacionado en un lugar que no le era permitido”. Si justamente, el conductor del vehículo se enfrenta con un obstáculo, en este caso un camión de importante envergadura, debe más que en cualquier situación normal, poner mayor diligencia y preveer que su falta total de visión puede llevarlo a cometer una mala maniobra ocasionando algún perjuicio, como en este caso donde se terminó con la vida nada mas y nada menos que de una niña. A ello se le suma que el hecho de haber un grupo de gente, entre ellos niños escolares, esperando la llegada del tren, ya anticipa la posibilidad, de un eventual percance. Es en estos casos, donde, a nuestro entender, se requiere en el conductor un plus en su deber objetivo de cuidado. La cuestión se centra en si autor debió haber previsto el riesgo creado por su conducta, a lo que respondemos afirmativamente, ya que aquél pudo ver que había un camión que no le permitía tener una visión total de lo que sucedía a su alrededor.

No podemos hablar de una “infracción del transeúnte” como lo hace el tribunal, porque estamos hablando de una niña, a la que no le podemos imputar una mala maniobra o que no puso la debida diligencia, ya que en cualquier momento cabe encontrarse con ese tipo de personas como también podrían serlo un anciano o una persona discapacitada.

Erróneamente los jueces equiparan al riesgo permitido con el cumplimiento de las normas generales del tránsito vehicular. Ello en virtud de que del hecho de que un conductor observe las reglas de tránsito no se deriva que haya sido diligente y por tanto considerado libre de culpa y cargo. Reiteramos que lo que hay que valorar es la conducta en particular y la situación concreta en que el autor se encontraba al momento de producir el riesgo. Las normas de tránsito son solo generalizaciones abstractas. Así, el concepto de riesgo permitido se construye en cada caso.

En el fallo analizado, el conductor se encontraba ante una situación crítica, y no ante una situación ordinaria, teniendo en cuenta que frente a él se encontraba un camión que lo perjudicaba en su visión, era un indicio de la posibilidad de que pueda suceder una situación peligrosa y por lo tanto la inaplicabilidad del principio de confianza. Es en estos casos, y tal como menciona Patricia Gallo, donde el principio que debe regir es el de defensa o seguridad, donde el conductor de un vehículo queda obligado a prevenir el defectuoso comportamiento de los demás, como es el caso de los niños, ancianos y minusválidos, debiendo tenerse en cuenta su presunta inconsciencia, su impulsividad y sus repentinos cambios de actitud, caso en el cual el conductor se encuentra frente a un impensado proceder contra las normas de tráfico; aunado a la posición de garante de aquél, quien está obligado a ocuparse de que su ámbito de organización no tenga efectos externos dañinos.


 

Revista Anual del Instituto

Carlos Human, Federico Arrué, Wenceslao Fernández, Pamela Jolías, José Luis Ares, María Parsons y Adrián Gaitán.
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ISBN 978-987-1519-10-1
ISSN 1853-9076

Brun Claudio y Sette Romina, Roveta, María Carla, Pazos Crocitto José Ignacio y Mercuri Guillermo, Pella Marcelo, Ares José Luis.
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ISBN 978-987-1519-15-6
ISSN 1853-9076

Arrué Federico, Mayta Zamora José Daniel, Pazos Crocitto José Ignacio, Elena Baquedano, Wenceslao Fernandez y Pamela Jolias..
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ISSN 1853-9076
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Giorgiani Gabriel, Cisnero Patricia, Sagasta Pablo, Borzi Cirilli, Federico A. y Marini, Lucía L, Mayta Zamora José D.
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ISSN 1853-9076
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Montezanti Néstor Luis, Fernández Juan Pablo, Pazos Crocitto José Ignacio, Marra Lautaro, Biglia Gerardo, Mesenzani Silvia.
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ISSN 1853-9076
Federico Arrué, Ramiro E. Puente, Daniela Damaris Viteri Custodio, Cecilia Manduti, Carlos Mejías Rodríguez Mg. Villanueva Haro
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