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Unificación de penas y de sentencias. Art. 58 C.P. Caducidad del registro del art. 51 C.P.

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Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Causa nº 29.440, caratulada “G., M. R. s/ recurso de casación”, rta. 8 de mayo 2012.

 En la ciudad de La Plata a los ocho días del mes de mayo de dos mil doce reunidos en Acuerdo Ordinario, los señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires doctores Jorge Hugo Celesia y Fernando Luis María Mancini (arts. 2, 440 y ccdtes. del C.P.P.; 6, 16 y ccdtes. de la ley 11.982), y desinsaculados con el objeto de resolver en la presente causa nº 29.440, caratulada “G., M. R. s/ recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MANCINI – CELESIA.
A N T E C E D E N T E S
La Sala I de la Cámara de Apelación y de Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes condenó a M. R. G. a la pena única de veintidós años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas; comprensiva de la impuesta en causa nº 60.371 de ese Órgano a veintiún años de prisión, por los delitos de doble homicidio en ocasión de robo en concurso real con lesiones graves, y de la establecida por el ex Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 1 departamental, en causa nº 81.304, a dos años y seis meses de prisión, de ejecución condicional, por ser coautor del delito de tentativa de robo calificado por el empleo de armas.
Contra ese pronunciamiento el señor Defensor Oficial interpuso el presente recurso de casación.
La señora Defensora Oficial Adjunta, doctora Ana Julia Biasotti, desistió de la celebración de la audiencia de informes y presentó escrito en el que expresó que remitía en su totalidad a los fundamentos vertidos en el recurso deducido (art. 458 in fine, C.P.P.).
Por su parte, el señor Fiscal de Casación, doctor Carlos Arturo Altuve, también acompañó escrito en el que manifestó las razones por las cuales entendió que la impugnación debería ser desestimada.
Cumplidos los trámites de rigor, efectuadas las vistas correspondientes y hallándose la causa en estado de ser resuelta, este Tribunal ha decidido plantear y votar la siguiente:
C U E S T I Ó N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I Ó N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini, dijo:
1. Liminarmente, corresponde señalar que el recurso deducido por la señora Defensora es admisible desde que ha sido interpuesto en tiempo y forma, y por quien se encontraba legitimado para ello (arts. 448, 450, 451, 454 inc. 1° y ccdtes., C.P.P.).
2. La recurrente cuestionó la decisión que dispuso la unificación de las condenas dictadas respecto de G..
Argumentó, inicialmente, que con motivo del pedido de libertad condicional en la causa n° 60.371 el Ministerio Público Fiscal se opuso a ello con fundamento en los informes de antecedentes del nombrado agregados en autos, requiriendo en consecuencia que se proceda a la criticada unificación.
La defensa expresó que si bien en este caso se está ante sentencias firmes, dentro del cual estaría en juego la hipótesis de unificación de condenas, porque los hechos son anteriores a la fecha de la primera sentencia firme, no obstante ello no correspondía unificar.
Manifestó que el art. 58 del C.P. establece que corresponde la unificación cuando se deba juzgar a una persona que “esté cumpliendo pena” y que ese requisito en esta situación particular nunca existió, tanto porque la primera condena fue dejada en suspenso como porque se debió tener por no pronunciada en los términos del art. 27 del mismo código.
La recurrente adujo, en vinculación con el invocado art. 27 del C.P., que el a quo efectuó una “revocación tácita” de la ejecución condicional de la primera condena, a pesar de que no se daban los presupuestos para ello pues el acusado no cometió un nuevo delito con posterioridad a la sentencia firme.
 Además, agregó que al momento de la sentencia unificadora “había ya operado la caducidad de la sentencia” primigenia, entendiendo que había transcurrido el plazo de diez años previsto en el art. 51 también del Código Penal.
Por otra parte, la señora defensora señaló que la unificación de sentencias firmes sólo procede a pedido de parte y que en este caso el Ministerio Público Fiscal no pudo haberlo efectuado porque el efecto de su petición consistió en revivificar una pena extinguida a los fines de su cumplimiento.
En subsidio, la recurrente peticionó la reducción de la pena única impuesta a G..
3. Considero que el recurso deberá ser rechazado.
a) Para mayor ilustración sobre la situación juzgada, cabe señalar que M. R. G. fue condenado en la causa n° 81.304 por sentencia dictada el 7/2/1997 por el ex Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 1 de Mercedes, confirmada el 15/5/1997, a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, por el delito de tentativa de robo con armas cometido el 8/2/1996.
Por otra parte, fue condenado en la causa n° 60.371 por sentencia dictada el 26/4/2002 por la Sala I de la Cámara de Apelación y de Garantías en lo Penal departamental a la pena de veintiún años de prisión, por los delitos de doble homicidio en ocasión de robo, en concurso real con lesiones graves, cometidos el 4/11/1996.
b) La reseña anterior muestra, como la misma recurrente lo admite, que se trata éste de un supuesto de unificación de sentencias (art. 58, 1ra. parte in fine, 2da. regla, C.P.), desde que G. fue sometido a procesos paralelos en los que se dictaron dos fallos firmes con violación a las reglas establecidas en el art. 58 citado. Ello así pues se trataba de la hipótesis de unificación de condenas o condenaciones, en tanto todos los delitos fueron cometidos por el encartado antes del dictado de la primera sentencia.
Sentado lo anterior, la corrección del fallo es manifiesta.
En efecto, es de toda evidencia que en este caso el segundo delito fue cometido antes del dictado de la primera condena, razón por la cual no nos hallamos ante un supuesto en el que hubiese sido legalmente impuesto constatar si G. estaba “cumpliendo pena”, pues no se trataba de la hipótesis de unificación de penas propiamente dicho, sino –reitero- de unificación de sentencias firmes, en las que se debió haber procedido a unificar las “condenas o condenaciones”, como concurso real que era, por lo que el art. 58 –primera parte, segunda regla- del Código Penal resultó correctamente aplicado en el fallo recurrido.
c) Por otro lado, al contrario de lo expresado por la señora Defensora, la unificación regulada en el citado art. 58 del C.P. procede aun en el caso de que para ello sea necesario dejar sin efecto la condicionalidad de una de las penas, si el hecho que motiva la sentencia unificadora es anterior a la condena condicional preexistente a la unificación, como ocurre en esta situación particular, toda vez que la violación a las reglas del concurso (arts. 55, 56, 57, C.P.) da pie a la aplicación del art. 58 del código de fondo, cuya aplicación resulta entonces infructuosamente cuestionada.
d) La caducidad del registro a que alude el art. 51 del Código Penal ninguna eficacia cancelatoria tiene, en el caso, respecto de los informes obtenidos y agregados al proceso con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en esa norma para que opere la mentada caducidad.
Entonces, el planteo recursivo referido a que el Ministerio Público Fiscal al peticionar la unificación de las sentencias firmes procuró “revivir” la aludida condena, por lo dicho resulta improcedente.
e) Así las cosas, el fallo del tribunal a quo, que decidió imponer al procesado la pena única criticada en la impugnación traída, al haber otorgado previamente a las partes oportunidad cierta de pronunciarse sobre ese extremo, ha sido dictado en respeto de las reglas de la bilateralidad y el debido proceso (arts. 18, C.N.; 58, primer párrafo segunda regla, C.P.) y, por lo tanto, constituyó una decisión correcta, sin que se observe ningún reparo para tenerla como sentencia válida.
d) Finalmente, la petición de que se reduzca la pena impuesta resulta insuficiente, por lo que no podrá ser atendida.
Al respecto la señora Defensora argumentó que la “capacidad de sufrimiento de las personas tiene límites concretos”, y ese único argumento no basta para demostrar que el a quo haya incurrido en violación legal al pronunciarse sobre  el monto de la sanción finalmente impuesta al condenado.

4. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación deducido por la Defensa Oficial de M. R. G., sin costas en esta instancia (arts. 106, 448, 451, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).
Así lo voto.
 A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:
 Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal
R E S U E L V E
DECLARAR ADMISIBLE y RECHAZAR el recurso de casación deducido por la señora Defensora Oficial de M. R. G.. Sin costas (arts. 106, 448, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.; 58, C.P.).
 Regístrese, notifíquese a la Defensa y al Ministerio Público Fiscal y devuélvase apara el cumplimiento de las notificaciones pendientes.

FDO.: JORGE HUGO CELESIA – FERNANDO LUIS MARÍA MANCINI

Ante mi: Gonzalo Santillán

 


 
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