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DEDUCE RECURSO DE APELACIÓN

Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional nro. 1:

                              Frank Herbert, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 20 de Bahía Blanca, en la causa nro. 2480/01, orden interno 330, caratulada “Takhisis, Eugenio por lesiones leves”, a V.S. me presento y respetuosamente digo:
Que en legal tiempo y forma vengo por el presente a interponer recurso de apelación contra la resolución de fs. 136, en cuanto resuelve sobreseer totalmente a Eugenio Takhisis por el delito de lesiones leves en los términos del art. 89 del Código Penal, y ello por haberse confirmado el seguimiento a que alude el segundo párrafo del art. 404 del rito (art. 76.4° del C.P.).

I.-

                                En primer lugar debe señalarse que “El sobreseimiento es siempre apelable, sin que la ley distinga respecto de la etapa procesal en que sea dictado o del motivo que lo sustente, ni tampoco en función de que sea pronunciado por órgano jurisdiccional de juicio o de ejecución” (Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala II, sent. del 28/2/2002 en causa 1031, “Márquez da Silva y otros”, citado por Piombo, Horacio Daniel, Jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Vol. II, Lexis Nexis, 2002, pág. 304), por lo que la recurribilidad del presente resolutorio tramita por la vía aquí articulada.

II.-

                                Liminarmente he de señalar que no corresponde dar a la presente el trámite previsto por el art. 76 ter en su cuarto párrafo, atento concurrir al sub examine los extremos normados por el párrafo tercero de la precitada norma.

                                Así, “la suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se conocieran circunstancias que modifiquen... la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena.”, de tal modo no puede soslayarse el informe obrante en autos del Registro Nacional de Reincidencia (fs. 127/133) de donde surge que con fecha 19 de abril de 2002 se dictó sentencia condenatoria en cabeza del aquí encartado por el delito de robo simple en causa nro. 50, orden interno 520 del registro del Tribunal en lo Criminal nro. 11 Departamental.

III.-

                                Asimismo el procesado registra actualmente en trámite la causa nro. 363/04 (ex I.P.P. 60.000) por ante el Tribunal en lo Criminal nro. 13 Departamental por el delito de robo calificado, hecho cometido el día 8 de mayo de 2003.
Ahora bien, como causal de frustración de la suspensión acordada el párr. 4° del art. 76 ter de la legislación sustantiva, ha contemplado la comisión de un nuevo delito.

                                 Por ello, “previo a declarar extinguida por prescripción la acción penal, debe extremarse el control dirigido a descartar fehacientemente que el término hubiera sido interrumpido por la causal de referencia –comisión de un nuevo delito-, para lo cual se requiere información a la Policía Federal y al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Carcelaria...” (Conf. Adolfo Calvete, “Prescripción de la Acción Penal”, t. I, Din editora, 1989, Buenos Aires, págs. 201 y 202), ello a los fines de extremar el control jurisdiccional (CN Penal Económico, sala A, “Della Sala, María Fernanda”, 25 de agosto de 1997), mas ciertamente no basta para poder finiquitar el análisis con dichos informes, sino que se precisa la certificación de los datos allí detallados a los efectos de materializar adecuadamente si corresponde o no la declaración de prescripción de la acción penal.

                                     El informe de la División de Informes Judiciales y Policiales de la Dirección de Antecedentes Personales obrante a fs. 134 da cuenta del inicio de Investigación Penal Preparatoria nro. 60.000, del registro de la Unidad Funcional de Instrucción nro. 24 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en contra del encartado por la presunta comisión del delito de robo calificado.

                                    Tal antecedente certificado por el a quo, a fs. 135, detalla los alcances ciertos de la causa que posee en trámite el aquí encartado.

                                     Fácil resulta ver que la causa precitada corresponde a un hecho delictual posterior al decreto de suspensión de juicio a prueba a favor del procesado, siendo éste último de fecha 10 de marzo de 2003.

                                      Ahora bien, cuándo ha de considerarse que nos enfrentamos  a un nuevo delito es el problema que nos ocupa, puesto que de acuerdo a la solución que adoptemos veremos frustrado o no por el encartado el beneficio que oportunamente se le acordara.

                                      Entiendo que considerar que sólo de recaer sentencia condenatoria en el proceso presuntamente interruptivo, podría afirmarse fehacientemente  que una persona ha sido responsable de un hecho considerado por la ley penal como delito, no sólo resulta ilógico sino también irrazonable si tenemos en cuenta la duración de los procesos y que en caso de recaer condena en el segundo juicio habríamos verificado una clara burla a la ley.

                                      Si bien no se me escapa, que nos encontramos en un proceso que no ha demostrado acabadamente la responsabilidad del encartado, como lo es la etapa preliminar, antesala del debate, no es menos cierto que el interés individual en obtener la cesación de la persecución penal choca contra el interés social para que se haga efectivo su anhelo de justicia, y no puede supeditarse el cumplimiento de lo normado por el art. 76 ter, 4° párr., a la celeridad con que se hubieren cumplido los trámites dentro de uno y otro proceso.

                                        La solución más justa, es el camino ideado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital en fallo plenario “Prinzo”, resuelto el 7 de junio de 1949 (publ. en Fallos Plenarios, t. II, p. 352), en donde se sostuvo que procede la suspensión del pronunciamiento sobre la prescripción de la acción penal cuando el imputado hubiere sido llamado a prestar declaración indagatoria  en el hecho presuntamente interruptor, si se trata de delitos de acción pública.

                                          No se trata entonces de la mera existencia de un proceso, sino que en el segundo expediente, el encartado se halle formalmente afectado. Devendría excesivo paralizar el funcionamiento del instituto de la prescripción por la simple interposición de una querella o denuncia, que tenga como sola y remota perspectiva que un nuevo delito se haya cometido, concluir lo contrario significaría colocar en manos de los entes requirentes “...el medio cómodo de lograr, mediante la interposición de sucesivas denuncias o querellas infundadas, la vida indefinida de su acción por un delito anterior, manteniendo al acusado, en un estado de interminable procesamiento contrario a todos nuestros principios de libertad y de respeto individual.” (de los votos de los Dres. Pessagno y Beruti en “Prinzo”).

                                              Por ello, la solución adecuada es aquella que entiende que, llegada la causa a una situación procesal, en la que, mediante las comprobaciones del caso, realizadas por el órgano correspondiente, se ha establecido con suficiente grado de convicción la materialidad de un nuevo delito y la posible responsabilidad del imputado, sólo así se justifica la demora en la declaración de prescripción hasta la oportunidad de dictarse pronunciamiento. Cuando hubiere recaído sentencia condenatoria, el órgano jurisdiccional habrá tenido oportunidad de manifestarse sobre el mérito de la acusación.

                                              Adoptando fundamentos similares al de “Prinzo”, se han expedido otros Tribunales, resolviendo que debía estarse a la espera de las resultas del segundo proceso para resolver en torno a la prescripción presuntamente operada en el originario: C. Federal de Mendoza, Sala A “Vera, F.”, 6/9/79; CNac. en lo Penal Económico, Sala III “Petrozzin”, 7/7/72; CCC Federal, Sala II, “Ministerio de Bienestar Solicitar s/d c/José López Rega”, 24/11/86 (Citados en Adolfo Calvete, op. cit. págs. 204 y 205).

V.-

                                            A lo hasta aquí sostenido resta mencionar que el encartado no cumplió con las reglas de conducta establecidas tal como se menciona en el resolutorio en crisis (fs. 136), puesto que el informe de la delegación local del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires informa que  el imputado efectuó sus presentaciones tan sólo en dos oportunidades, no dando así cabal cauce a la regla impuesta en el inc. b, acápite II del resolutorio de fs. 111/112.

VI.-

                                            De modo tal que entiendo que la resolución que declara sobreseer totalmente a Eugenio Takhisis por el delito de lesiones leves en los términos del art. 89 del Código Penal debe ser revocada.

VII.-

Habiéndose indicado entonces los motivos en que se funda el recurso, solicito se eleven las actuaciones a la Excma. Cámara del fuero, a sus efectos.

Dios guarde a V.S.

Fiscalía de Juicio N° 20.
Bahía Blanca,          de junio de 2004.-

(Los Nombres y Apellidos que se muestran en los escritos  son ficticios, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia).


 

 


 
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