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Homicidio culposo –culpa de la víctima-.

 Causa N° 23.726, caratulada "F., R. L. s/ recurso de Casación".

Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, rta. 3 de abril 2008.

En la ciudad de La Plata a los 3 días del mes de abril del año dos mil ocho, siendo las ........... horas, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Benjamín Ramón Sal Llargués, Carlos Ángel Natiello y Horacio Daniel Piombo bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 23.726 de este Tribunal, caratulada "F., R. L. s/ recurso de Casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: SAL LLARGUES – NATIELLO - PIOMBO, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S


    Llega la presente causa a esta sede por recurso de casación interpuesto por la Señora Defensora Particular, Dra. María Enriqueta Ferrari, contra la sentencia del Juzgado Correccional Nro. 3 de del Departamento Judicial Mercedes, en la cual se condenó a R. L. F. a la pena de tres mil pesos de multa ($ 3000), e inhabilitación especial para conducir vehículos por el término de dieciocho meses, accesorias legales y costas del proceso por hallarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas.
    Motiva el recurso la transgresión de los  arts. 18 y 28, 75 inc. 22 y ccs. de la CN, 11, 15, 21, 57 y 168 de la C.Provincial, 1, 3, 209, 210, 211, 371, 373 y ccs. del CPP, así como diversas normas comprendidas en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
    Primero señala que no se encuentra probado el ilícito imputado en su aspecto exterior, ni la responsabilidad de su asistido
    Destaca que el Juez de grado no toma en cuenta la pericia accidentológica realizada por el perito Estevena, donde se sindica cómo embiste al automotor. Aduna que este perito en la audiencia oral dio cuenta de la velocidad que registraba la motocicleta, ampliamente mayor que el automotor.
    Respecto al testigo M., refiere que tampoco se tuvieron en cuenta sus dichos respecto a que la moto choca el automotor, y que previamente zigzagueo a la misma, lo cual denota el exceso de velocidad, sumado al clima lluvioso de aquel día.
    Hace hincapié en que se dio por probada la violación del deber de cuidado por parte de G., pero sin embargo alega que no se tuvo en cuenta que el motociclista iba sin casco, excediendo la velocidad  permitida y con un menor en un lugar prohibido.
    Trae en apoyo de sus dichos, citas doctrinarias y jurisprudenciales.
    Solicita que se haga lugar a los planteos expuestos, y se declare la nulidad de la sentencia dictada, absolviéndose al imputado. Hace reserva del caso federal.
    A fs. 48, la señora Fiscal ante esta sede, Dra. Moretti, propicia el rechazo del presente recurso, toda vez que entiende que la defensa no demuestra el absurdo en el razonamiento del a quo que alega.
    Solicita se rechace el recurso a favor del imputado.
    Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:

C U E S T I O N E S

    1ra.) ¿Es admisible el presente recurso de casación?
    2da.) ¿Es fundado?
    3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

    A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:
    Se controvierte sentencia definitiva en los términos del art. 450, se han cumplimentados en ambos casos los recaudos del art. 451 y se invocan motivos de los contenidos en el art. 448, todos del ceremonial penal.
    Voto por la afirmativa.

    A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
    Adhiero al voto del doctor Sal Llargués y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.
    Voto por la afirmativa.

    A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:
    Adhiero al voto de los colegas preopinantes expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
    Voto por la afirmativa.

    A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:
    Adelanto desde ya mi voto por la negativa.
    La crítica que realiza el recurrente es parcializada, no haciéndose cargo de la totalidad de la prueba analizada y de los fundamentos vertidos por el sentenciante, lo que sella la suerte del recurso.
    La defensa señala que el “a quo” omite valorar que existe responsabilidad de la víctima, por cuanto iba G. en su ciclomotor sin casco, excediendo la velocidad máxima permitida y llevando a su hijo en la parte de adelante del mismo.
    

    La conducta negligente de G. no pone ni quita rey en la situación del imputado, toda vez que su conducta imprudente fue la determinante del resultado lesivo causado. Es decir, si F. no hubiera violado su deber de cuidado en el manejo de su automóvil, G. no se hubiera lesionado, aún con el aumento de riesgo que implica ir en un ciclomotor en las condiciones en las que iba.
    F. violó el deber de cuidado establecido en el Código de Tránsito, art. 57 inc. 2, que establece que tiene siempre prioridad de paso en encrucijadas o bocacalles del vehículo que circula desde la derecha hacia la izquierda del conductor del otro vehículo (en este caso la motocicleta).
    Ello se encuentra acreditado mediante la siguiente prueba: las testimoniales de: G., M., J. M. M., E. A. M., H. R. E. y el oficial M., que acreditaron los hechos tal cual los afirma el “a quo”; el croquis de fs. 3; el acta de procedimiento de fs. 1-2; el precario médico de fs.4; el informe médico de fs. 26/34; la historia clínica en la cual constan las lesiones de la víctima de autos; el informe de fs. 18 en el cual consta el daño en el automotor Peugeot 504; fotografías de fs. 43 y 21 en las que constan los daños al ciclomotor y la pericia accidentológica de fs. 72/74
    Al ser el tránsito un tipo de actividad en la cual existe división de tarea, para determinar la medida de la creación de peligro prohibido, debe tenerse en cuenta el principio de confianza, esto es: no viola el deber de cuidado la acción del que confía en que el otro se comportará correctamente, mientras no tenga razón suficiente para dudar o creer lo contrario. El límite de este principio es el propio deber de observación.
    Asimismo, a fin de afirmar la tipicidad culposa, se debe verificar si el resultado (en este caso las lesiones graves) está determinado por la violación normativa, es decir, tiene que haber una conexión entre la antinormatividad y el resultado.
    Ahora bien, más allá de que el motociclista G. introduce un riesgo no permitido, el resultado no es la realización de este riesgo, como afirma el Juzgador de grado, y cabe agregar que en el ámbito penal no existe la compensación de culpas.
    El resultado lesivo se produce por la introducción del riesgo prohibido de F., que al no guardar el deber de cuidado de dar prioridad de paso al vehículo que circulaba desde la derecha, sobrepasó el riesgo permitido.
    En efecto, frente a lo que pretende la defensa, el "a quo" ha motivado en forma coherente y razonable su convicción sincera dejando en claro que el imputado incurrió en una conducta violatoria del deber de cuidado al no prestar la debida atención para asegurarse que, desde su derecha, no circulara ningún vehículo a quien debiera cederle el paso conforme a la prioridad que, con carácter absoluto, establece el Código de Tránsito.
    Del examen del pronunciamiento impugnado y del cotejo de la plataforma fáctica fijada en el veredicto con la atribución de responsabilidad penal al imputado por el hecho juzgado, surge que los argumentos en los que el quejoso funda su reclamo en realidad no hacen más que cuestionar la base fáctica de la decisión, aspecto que resulta incensurable por la vía escogida.
    Voto por la negativa.

    A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
    Adhiero al voto del doctor Sal Llargués y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.
    Voto por la negativa.

    A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:
    Adhiero al voto de los colegas preopinantes expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
    Voto por la negativa.

    A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:
    Visto el modo como han sido resueltas las cuestiones anteriores corresponde: 1) declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la defensora particular de R. L. F., doctora María Enriqueta Ferrari; 2) por los fundamentos dados rechazar el mismo, sin costas. (arts. 210, 373, 448, 450, 451, 456 primer párrafo, 530 y 531 del C.P.P.) y; 3) regular los honorarios profesionales al letrado interviniente, doctora María Enriqueta Ferrari, por la labor profesional desplegada en esta sede, en la cantidad de ocho (8) unidades jus con más los aportes de ley. Artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley N° 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley N° 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley N° 11.922- debiendo procederse como lo determina el art. 22 de la ley N° 6716, modificado por el art. 12 de la ley N° 10.268.
    Así lo voto.

    A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Sal Llargués y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.
    Así lo voto.

    A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:
    Adhiero al voto de los colegas preopinantes expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
    Así lo voto.

    Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

    Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede el Tribunal resuelve:
I.- Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la defensora particular de R. L. F., doctora María Enriqueta Ferrari.
II.- Por los fundamentos dados rechazar el mismo, sin costas.
arts. 210, 373, 448, 450, 451, 456 primer párrafo, 530 y 531 del C.P.P.
III.- Regular los honorarios profesionales al letrado interviniente, doctora María Enriqueta Ferrari, por la labor profesional desplegada en esta sede, en la cantidad de ocho (8) unidades jus con más los aportes de ley.
Artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley N° 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley N° 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley N° 11.922- debiendo procederse como lo determina el art. 22 de la ley N° 6716, modificado por el art. 12 de la ley N° 10.268.
    Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada del presente al Tribunal de origen. Oportunamente devuélvase.

BENJAMIN R. SAL LLARGUES - CARLOS A. NATIELLO - HORACIO D. PIOMBO

 
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